El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló varias disposiciones del Decreto 532/2022, que promulgó la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada el 21 de julio de 2022.
A través del Ministro ponente Alberto Pérez Dayán, la Corte declaró inválido el aumento del período de cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión, ya que establece condiciones menos favorables para los trabajadores y no cumple con lo estipulado en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad social, considerando esta medida desproporcionada.
Asimismo, se invalidó el «salario regulador» como base para determinar el monto de la pensión, que consiste en el 85% del promedio de los salarios de cotización percibidos por el servidor público en los últimos 20 años, lo que resulta en una reducción de las pensiones. Esta medida no cumple con los estándares mínimos que aseguran la efectividad de la seguridad y previsión social, por lo que no puede considerarse constitucionalmente válida.
De igual manera, la Corte rechazó la disminución gradual en el porcentaje de la pensión por fallecimiento, ya que esto compacta el monto de la cuantía, resultando en una situación menos favorable para los beneficiarios, restringiendo el derecho a la seguridad social sin justificación adecuada.
Por otro lado, la eliminación de la pensión de viudez debido a la modificación del estado civil del beneficiario implica un trato diferenciado e injustificado que perjudica el ejercicio del derecho a la seguridad social. Además, representa una restricción al derecho de protección a la familia y al libre desarrollo de la personalidad.
Estas acciones de inconstitucionalidad corresponden a los expedientes 118/2022 y su acumulado 121/2022, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, solicitando la invalidez de varias disposiciones de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 21 de julio de 2022, mediante el Decreto 532/2022.
Fuentes: El Diario de Yucatán, La Jornada Maya y Por Esto.