La legisladora de Morena, Alejandra Novelo Segura, ha presentado una propuesta que busca sancionar con penas de hasta 10 años de prisión a los funcionarios públicos en Yucatán que filtren información, fotografías o videos que menoscaben la dignidad de personas víctimas de delitos, especialmente mujeres que hayan sido asesinadas.
En su iniciativa, Novelo Segura sugiere que la pena se incremente en un tercio cuando la intención del acto sea perjudicar la integridad de la víctima o de sus familiares. Esto aplicaría en casos de filtraciones relacionadas con cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, así como en la divulgación de detalles sobre la muerte, lesiones, estado de salud o emocional de las víctimas.
La legisladora ejemplificó su propuesta haciendo referencia al trágico feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, donde se difundieron imágenes del expediente judicial en diversos medios de comunicación. Subrayó que las violencias contra las mujeres persisten incluso después de su muerte, cuando se filtra información sensible que afecta a sus familiares.
Recordó que, como respuesta a este caso, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México propuso una iniciativa de ley para sancionar estas conductas, la cual ha sido retomada en varias entidades del país, incluyendo Jalisco, Quintana Roo, Puebla y Querétaro. Ya es considerada como una conducta delictiva en el Código Penal Federal, así como en Colima y Oaxaca.
En la propuesta para replicar esta reforma en Yucatán, Alejandra Novelo explicó que se busca penalizar la divulgación de imágenes, videos o información relacionada con actos delictivos que vulneran la dignidad de las víctimas y ponen en riesgo la investigación. Por esta razón, sugiere la adición de un tipo penal en el apartado correspondiente a los delitos contra la administración de justicia o los cometidos por servidores públicos.
La legisladora enfatizó que la intención es ofrecer la máxima protección posible a la dignidad de las personas, especialmente en casos de violencia de género. Propuso sanciones que van desde cinco a diez años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar empleo, cargo o comisión públicos, así como multas de 150 a 300 días para los servidores públicos que divulguen información sensible relacionada con los delitos, evidencias o condiciones personales de las víctimas.
Fuentes: El Universal, CimaCNoticias y Haz Ruido.