La SCJN discutirá dos proyectos que piden eliminar la prisión preventiva. En un comunicado, este 5 de septiembre y previo a esta discusión, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, Miriam Estrada Castillo, señaló que la prisión preventiva es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario,” dijo la presidenta Miriam Estrada-Castillo.
En México existen dos tipos de prisión preventiva: La justificada, que se dicta luego de analizar el caso e identificar que hay riesgo de que el acusado huya del país, entorpezca el proceso penal o dañe a la víctima, la segunda es la oficiosa, esta manda a la cárcel de forma automática a los acusados el tiempo que dure su proceso, en México esto puede extenderse por años.
La prisión preventiva oficiosa encarcela al acusado por «adelantado». La constitución permite solo dos años de prisión preventiva, pero los tribunales están tan saturados que los acusados pasan mucho más tiempo en prisión esperando la sentencia.
Imponer la prisión preventiva oficiosa a cualquier persona acusada de un delito ha llevado a cometer violaciones a derechos humanos como la presunción de la inocencia, la igualdad ante la ley y el debido proceso, pone en riesgo la integridad de la persona y la garantía de no ser víctima de tortura, tratos inhumanos o crueles, comenta el Grupo de Trabajo de la ONU.
En México, 4 de cada 10 presos están esperando su condena, es decir, se encuentran en prisión preventiva.
En la conferencia de prensa del presidente #AMLO, el pasado viernes 2 de septiembre, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada, recordó que en 2008 fue la primera ocasión en que se logró imponer un término en favor de las víctimas, bajo este contexto enumeró las ventajas de la Prisión Preventiva Oficiosa que pretende, entre sus prioridades “proteger a la víctima y a su familia de su agresor y evita que los presuntos delincuentes se den a la fuga o que atenten contra testigos durante el proceso penal”. Agregó que eliminar dicha medida beneficiaría a “92 mil personas tales como secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros, podrían solicitar un amparo y ser excarcelados, con lo cual habría una gran impunidad”
El subsecretario hizo hincapié en que al Gobierno de #AMLO le interesa modificar “El segundo párrafo de la prisión justificada, es cuando el ministerio público solicita al juez la media cautelar, cuando considera que otras medidas no son suficientes para que el imputado compadezca”
Fuente: El País, Aristegui Noticias